Recomendaciones de la Comisión Presidencial de Integridad

Este interactivo permite efectuar un seguimiento a la implementación de las cien recomendaciones formuladas por la Comisión Presidencial de Integridad. Para una mejor visualización, la información se puede desplegar siguiendo los siguientes criterios: (i) capítulo del informe de la CPI; (ii) entidad responsable de implementar la recomendación; (iii) estado de la implementación (plenamente implementada, parcialmente implementada, o pendiente de implementación). Esta información será actualizada en forma permanente.

Recomendación parcialmente implementada
XV. Impedir el uso de dinero ilícito en las organizaciones políticas y en las campañas electorales
Poder Legislativo

81. Medios de comunicación reportan a ONPE información sobre contrataciones de publicidad con candidatos u organizaciones políticas.

81.Establecer que, durante el periodo de elecciones, los medios de comunicación estén obligados a reportar a la ONPE información sobre las contrataciones de publicidad que celebren con candidatos u organizaciones políticas. El plazo para dicho reporte es de siete días hábiles luego de celebrada la contratación. El reporte deberá contener, cuando menos, los detalles de los sujetos contratantes, el objeto y condiciones de contratación y el monto total a pagar por la prestación del servicio, debiendo adjuntarse una copia del contrato. El incumplimiento de esta obligación constituye una infracción y se sanciona con la inhabilitación del medio de comunicación para ser contratado para la transmisión de la franja electoral durante toda la campaña. La ONPE deberá publicar en su página web, de inmediato, la información que reciba de los medios de comunicación.

Recomendación parcialmente implementada
XV. Impedir el uso de dinero ilícito en las organizaciones políticas y en las campañas electorales
Poder Legislativo

82. Prohibición a capitales extranjeros de financiar a organizaciones políticas, salvo para formación, capacitación e investigación.

82.Prohibir que capitales extranjeros financien a las organizaciones políticas, salvo para actividades de formación, capacitación e investigación.

Pendiente de implementación
XV. Impedir el uso de dinero ilícito en las organizaciones políticas y en las campañas electorales
Poder Legislativo

83. Tope de 10% del total de ingresos (anuales o por campaña electoral) por actividades de financiamiento proselitista.

83.Las organizaciones políticas no podrán declarar ingresos procedentes de actividades de proselitismo que superen el 10% del total de sus ingresos obtenidos en cada ejercicio anual o proceso electoral. Deben identificar a cada uno de los aportantes cuya contribución total supere una UIT. 

Recomendación parcialmente implementada
XV. Impedir el uso de dinero ilícito en las organizaciones políticas y en las campañas electorales
Poder Legislativo

84. Tope de 200 UIT para aportes de personas naturales y jurídicas (anuales o por proceso electoral).

84.Incrementar a 200 UIT el tope de aportes, en dinero o en especies, de personas naturales y jurídicas a las organizaciones políticas en cada ejercicio anual o proceso electoral. Las personas naturales y jurídicas que aporten a las organizaciones políticas montos superiores a una UIT estarán obligadas a declarar ante la ONPE, en un plazo máximo de tres días de realizado el aporte; la ONPE facilitará dicha declaración empleando medios virtuales y hará pública la información en su portal web. 

Recomendación plenamente implementada
XV. Impedir el uso de dinero ilícito en las organizaciones políticas y en las campañas electorales
Poder Legislativo

85. Ley de Presupuesto General de la República incluye financiamiento público directo a las organizaciones políticas.

85.Asegurar que en la Ley de Presupuesto General de la República de cada año se incluya el monto correspondiente al financiamiento público directo a las organizaciones políticas. 

Pendiente de implementación
XV. Impedir el uso de dinero ilícito en las organizaciones políticas y en las campañas electorales
Poder Legislativo

86. Organizaciones políticas publican cada año declaración jurada con detalle del origen de sus fondos.

86.Disponer que las organizaciones políticas, en virtud del artículo 35 de la Constitución, publiquen el detalle del origen de sus fondos en calidad de declaración jurada y bajo responsabilidad de su tesorero y secretario general. La publicación deberá ser anual y realizarse a través de su portal electrónico y el diario oficial. 

Recomendación parcialmente implementada
XV. Impedir el uso de dinero ilícito en las organizaciones políticas y en las campañas electorales
Poder Legislativo

87. Régimen de sanciones por entregar información falsa o incompleta a autoridades del sistema electoral.

87.Establecer un régimen de sanciones administrativas, pecuniarias y políticas, además de penales, por la entrega de información falsa o incompleta a las autoridades del sistema electoral, aplicable a los candidatos, representantes o personeros de las organizaciones políticas.

Pendiente de implementación
XV. Impedir el uso de dinero ilícito en las organizaciones políticas y en las campañas electorales
Poder Legislativo

88. Organismos del sistema electoral con facultades coactivas para garantizar cumplimiento de sanciones.

88.Asegurar el ejercicio efectivo de facultades coactivas a los organismos del sistema electoral para garantizar el cumplimiento de las sanciones a las organizaciones políticas o personas naturales. 

Pendiente de implementación
XV. Impedir el uso de dinero ilícito en las organizaciones políticas y en las campañas electorales
Sistema Electoral

89. Fortalecimiento de ONPE y JNE para supervisar y fiscalizar obligaciones de las organizaciones políticas.

89.Fortalecer a la ONPE y al JNE, y dotarlos de los recursos tecnológicos, profesionales y presupuestales que sean necesarios para supervisar y fiscalizar, eficaz y oportunamente, con el máximo rigor, en los ámbitos nacional, regional y local, las obligaciones de las organizaciones políticas. 

Pendiente de implementación
XV. Impedir el uso de dinero ilícito en las organizaciones políticas y en las campañas electorales
Poder Legislativo

89. Fortalecimiento de ONPE y JNE para supervisar y fiscalizar obligaciones de las organizaciones políticas.

89.Fortalecer a la ONPE y al JNE, y dotarlos de los recursos tecnológicos, profesionales y presupuestales que sean necesarios para supervisar y fiscalizar, eficaz y oportunamente, con el máximo rigor, en los ámbitos nacional, regional y local, las obligaciones de las organizaciones políticas. 

Pendiente de implementación
XV. Impedir el uso de dinero ilícito en las organizaciones políticas y en las campañas electorales
Poder Ejecutivo

89. Fortalecimiento de ONPE y JNE para supervisar y fiscalizar obligaciones de las organizaciones políticas.

89.Fortalecer a la ONPE y al JNE, y dotarlos de los recursos tecnológicos, profesionales y presupuestales que sean necesarios para supervisar y fiscalizar, eficaz y oportunamente, con el máximo rigor, en los ámbitos nacional, regional y local, las obligaciones de las organizaciones políticas. 

Pendiente de implementación
XVI. Limitar la inmunidad parlamentaria
Poder Legislativo

90. Levantamiento inmediato de inmunidad a congresistas condenados con prisión efectiva por delitos dolosos por hechos previos al inicio de su función parlamentaria.

90.Establecer que en el caso específico de los congresistas que sean condenados con prisión efectiva mediante sentencia firme por delitos dolosos derivados de hechos previos al inicio de su función parlamentaria, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria será automático y no requerirá aprobación de ningún órgano del Congreso de la República. El Presidente del Congreso comunicará al congresista sentenciado su desafuero y dará  cuenta al Pleno sobre esta situación . 

Pendiente de implementación
XVII. Promover la integridad en el sector privado
Sector Privado

91. Alianzas y acuerdos Estado-sector privado para promover integridad en actividad empresarial, y traslado de prácticas anticorrupción a proveedores.

91.Establecer alianzas y acuerdos de colaboración entre el Estado y el sector privado para promover la integridad en la actividad empresarial. Asimismo, fomentar que las empresas grandes y multinacionales trasladen sus prácticas anticorrupción a sus proveedores.  

Pendiente de implementación
XVII. Promover la integridad en el sector privado
Poder Ejecutivo

91. Alianzas y acuerdos Estado-sector privado para promover integridad en actividad empresarial, y traslado de prácticas anticorrupción a proveedores.

91.Establecer alianzas y acuerdos de colaboración entre el Estado y el sector privado para promover la integridad en la actividad empresarial. Asimismo, fomentar que las empresas grandes y multinacionales trasladen sus prácticas anticorrupción a sus proveedores.  

Recomendación parcialmente implementada
XVII. Promover la integridad en el sector privado
Poder Ejecutivo

92. Establecimiento progresivo de programa de prevención contra prácticas de corrupción certificado a personas jurídicas determinadas.

92.Exigir el establecimiento progresivo de un programa de prevención contra prácticas de corrupción debidamente certificado a las siguientes personas jurídicas:
- Las que contraten con el Estado a partir de determinado monto, bajo cualquier modalidad, como requisito de elegibilidad.
- Las que cuenten con concesiones otorgadas por el Estado.
- Las que reciban ciertos beneficios tributarios o monetarios del Estado, como requisito para acceder a dicho beneficio.
- Las que tengan valores registrados ante la Superintendencia del Mercado de Valores y las que operan en sectores regulados. 

Pendiente de implementación
XVII. Promover la integridad en el sector privado
Poder Ejecutivo

93. Mecanismos de apoyo estatal para que MIPYME adopten programas de prevención contra la corrupción.

93.Crear mecanismos de apoyo estatal para que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) puedan adoptar programas de prevención contra prácticas de corrupción, de acuerdo con sus características. Los mecanismos de apoyo deben incluir asistencia técnica. 

Recomendación plenamente implementada
XVII. Promover la integridad en el sector privado
Poder Legislativo

94. Delitos de corrupción, tráfico de influencias y lavado de activos incluidos en régimen de responsabilidad penal autónoma de personas jurídicas.

94.Incluir en el régimen de responsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas los delitos de corrupción, tráfico de influencias y lavado de activos. Según corresponda, los programas de prevención contra prácticas de corrupción podrán considerarse como eximentes de responsabilidad. 

Pendiente de implementación
XVII. Promover la integridad en el sector privado
Sector Privado

95. Instancias autónomas que evalúen y sancionen transgresión de códigos de ética, con resoluciones publicadas en páginas web.

95.Los gremios empresariales y los colegios profesionales deberán establecer, de forma obligatoria, instancias autónomas e independientes que evalúen y sancionen casos de transgresión de sus códigos de ética. Las resoluciones finales que dicten estas instancias deberán ser publicadas en sus páginas web. Además, deberán publicar un balance agregado sobre cantidad de denuncias, motivos, procedimientos y sanciones impuestas durante el año. 

Pendiente de implementación
XVII. Promover la integridad en el sector privado
Sector Privado

96. Programa de recompensas con incentivos monetarios a quienes denuncien actos de corrupción en el sector privado.

96.Crear un programa de recompensas que otorgue incentivos monetarios a quienes denuncien actos de corrupción en el sector privado que proporcionen información útil y no conocida por las autoridades y que resulte en la aplicación de sanciones por actos de corrupción. Los denunciantes deberán contar con un régimen efectivo de protección. 

Pendiente de implementación
XVII. Promover la integridad en el sector privado
Sector Privado

97. Guia de orientación al sector privado sobre regulación anticorrupción.

97.Elaborar una guia que proporcione al sector privado una orientación clara sobre la regulación anticorrupción, que incluya la sistematización de toda la legislación y precedentes judiciales, ejemplos de prácticas corruptas, criterios del Ministerio Público para iniciar investigaciones por delitos de corrupción y formular acusaciones, así como los criterios del Poder Judicial, entre otros.