Pendiente de implementación

Recomendación - Estado - CSS
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97. Guia de orientación al sector privado sobre regulación anticorrupción.

97.Elaborar una guia que proporcione al sector privado una orientación clara sobre la regulación anticorrupción, que incluya la sistematización de toda la legislación y precedentes judiciales, ejemplos de prácticas corruptas, criterios del Ministerio Público para iniciar investigaciones por delitos de corrupción y formular acusaciones, así como los criterios del Poder Judicial, entre otros. 

97. Guia de orientación al sector privado sobre regulación anticorrupción.

97.Elaborar una guia que proporcione al sector privado una orientación clara sobre la regulación anticorrupción, que incluya la sistematización de toda la legislación y precedentes judiciales, ejemplos de prácticas corruptas, criterios del Ministerio Público para iniciar investigaciones por delitos de corrupción y formular acusaciones, así como los criterios del Poder Judicial, entre otros. 

96. Programa de recompensas con incentivos monetarios a quienes denuncien actos de corrupción en el sector privado.

96.Crear un programa de recompensas que otorgue incentivos monetarios a quienes denuncien actos de corrupción en el sector privado que proporcionen información útil y no conocida por las autoridades y que resulte en la aplicación de sanciones por actos de corrupción. Los denunciantes deberán contar con un régimen efectivo de protección. 

95. Instancias autónomas que evalúen y sancionen transgresión de códigos de ética, con resoluciones publicadas en páginas web.

95.Los gremios empresariales y los colegios profesionales deberán establecer, de forma obligatoria, instancias autónomas e independientes que evalúen y sancionen casos de transgresión de sus códigos de ética. Las resoluciones finales que dicten estas instancias deberán ser publicadas en sus páginas web. Además, deberán publicar un balance agregado sobre cantidad de denuncias, motivos, procedimientos y sanciones impuestas durante el año. 

91. Alianzas y acuerdos Estado-sector privado para promover integridad en actividad empresarial, y traslado de prácticas anticorrupción a proveedores.

91.Establecer alianzas y acuerdos de colaboración entre el Estado y el sector privado para promover la integridad en la actividad empresarial. Asimismo, fomentar que las empresas grandes y multinacionales trasladen sus prácticas anticorrupción a sus proveedores.  

91. Alianzas y acuerdos Estado-sector privado para promover integridad en actividad empresarial, y traslado de prácticas anticorrupción a proveedores.

91.Establecer alianzas y acuerdos de colaboración entre el Estado y el sector privado para promover la integridad en la actividad empresarial. Asimismo, fomentar que las empresas grandes y multinacionales trasladen sus prácticas anticorrupción a sus proveedores.  

90. Levantamiento inmediato de inmunidad a congresistas condenados con prisión efectiva por delitos dolosos por hechos previos al inicio de su función parlamentaria.

90.Establecer que en el caso específico de los congresistas que sean condenados con prisión efectiva mediante sentencia firme por delitos dolosos derivados de hechos previos al inicio de su función parlamentaria, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria será automático y no requerirá aprobación de ningún órgano del Congreso de la República. El Presidente del Congreso comunicará al congresista sentenciado su desafuero y dará  cuenta al Pleno sobre esta situación . 

89. Fortalecimiento de ONPE y JNE para supervisar y fiscalizar obligaciones de las organizaciones políticas.

89.Fortalecer a la ONPE y al JNE, y dotarlos de los recursos tecnológicos, profesionales y presupuestales que sean necesarios para supervisar y fiscalizar, eficaz y oportunamente, con el máximo rigor, en los ámbitos nacional, regional y local, las obligaciones de las organizaciones políticas. 

89. Fortalecimiento de ONPE y JNE para supervisar y fiscalizar obligaciones de las organizaciones políticas.

89.Fortalecer a la ONPE y al JNE, y dotarlos de los recursos tecnológicos, profesionales y presupuestales que sean necesarios para supervisar y fiscalizar, eficaz y oportunamente, con el máximo rigor, en los ámbitos nacional, regional y local, las obligaciones de las organizaciones políticas.